La proposición de ley de delegación a Catalunya de las competencias en inmigración, acordada por PSOE y Junts y registrada en el Congreso de los Diputados, tiene por delante una compleja tramitación parlamentaria, similar a la de la ley de Amnistía.
El Gobierno de Pedro Sánchez requiere de nuevo del apoyo cerrado de todo el bloque de la investidura y Podemos se ha propuesto frustrar la empresa, pero antes de llegar a la votación en el pleno, la norma tiene que superar el primer obstáculo, la calificación por parte de la Mesa del Congreso, donde la configuración política y los antecedentes auguran buenas noticias para el futuro inmediato de la propuesta.
Nunca se ha inadmitido el debate de una proposición de ley por vulnerar supuestamente el reparto competencial
En la Mesa de la Cámara Baja, PSOE y Sumar tienen la mayoría absoluta, cinco representantes, frente a cuatro del grupo popular. Los impulsores de la proposición de ley orgánica, socialistas y posconvergentes, llevarán a la reunión de la Mesa de mañana la iniciativa parlamentaria, que tendrá que contar con el pronunciamiento favorable de los letrados del Congreso para seguir adelante. Fuentes parlamentarias garantizan que la iniciativa será admitida a trámite puesto que “los precedentes de admisiones a trámite validan que la Cámara Baja acepte” la proposición de ley presentada por PSOE y Junts.
De hecho, las mismas fuentes sostienen que la jurisprudencia en las Cortes “es tan clara que probablemente no será necesario ni un informe jurídico para la aceptación del debate” sobre la delegación de las competencias en inmigración a la comunidad autónoma catalana. Por tanto, son muchos los ejemplos que apoyarían esta decisión.
Desde el punto de vista jurídico cabe resaltar que nunca se ha inadmitido a trámite ninguna proposición de ley por vulnerar supuestamente el reparto de competencias establecido en la Constitución. “Siempre, incluso con mayoría absoluta del PP, se han venido admitiendo a trámite”, remarcan las mismas fuentes.
Pese a la insistencia del bloque de la derecha sobre la inconstitucionalidad de la norma y su facultad para demorar deliberadamente la tramitación en el Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, lo cierto es que en el pasado se han presentado más de 40 proposiciones de ley, tanto de grupos parlamentarios como a iniciativa de los parlamentos autonómicos, que tenían por objeto transferir o delegar competencias del Estado. Incluso, algunas de ellas afectaban de lleno a competencias que entroncaban con la soberanía del Estado, como la celebración de referéndums, la gestión de fronteras aeroportuarias, o afectaban a competencias exclusivas del Estado, como tráfico, servicios meterorológicos, etcétera.
Fue en la primera legislatura de José María Aznar como presidente cuando se admitió a trámite y se aprobó la ley de Transferencia de Competencias de Tráfico, y en la siguiente legislatura, con mayoría absoluta del PP, se admitieron a trámite sendas proposiciones para transferir las competencias en materia de servicios meteorológicos o para autorizar la convocatoria de referéndums.
Aunque esta propuesta normativa fue finalmente rechazada, “difícilmente se puede encontrar una materia que afecte más de lleno a la soberanía del Estado”, justifican las fuentes parlamentarias que avalan la tramitación de la propuesta sobre inmigración.
