Imagen de las consejeras de Fomento y de Economía, Rocío Díaz y Carolina España, a las obras del Metro de Málaga.

Imagen de las consejeras de Fomento y de Economía, Rocío Díaz y Carolina España, a las obras del Metro de Málaga.

Málaga ciudad

Málaga lleva a los tribunales a la Junta de Andalucía por los 63 millones del Metro

El Ayuntamiento de Málaga presentó el 1 de abril un contencioso contra la reclamación que le hace la Consejería de Fomento por la explotación y la obra del suburbano.

Más información: La 'guerra' por los dineros del Metro se reabre: Málaga rechaza la deuda de 64 millones que le reclama la Junta de Andalucía

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La guerra por la financiación del Metro de Málaga entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía queda formalmente declarada. Y, como podía presumirse meses atrás, se acabará dirimiendo en los tribunales.

Así va a ser después de que el Consistorio malagueño haya formalizado el pasado 1 de abril la presentación de un contencioso administrativo contra la liquidación que a finales del año pasado le remitió el Gobierno andaluz para que asumiese el pago de 63,4 millones de euros correspondientes a la explotación comercial del suburbano y a su ejecución material.

El paso ahora dado por los servicios jurídicos municipales, según confirman a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes de la Casona del Parque, pone el punto y seguido en la estrategia del equipo de gobierno, que desde el primer momento se ha opuesto a afrontar el pago exigido por la Consejería de Fomento.

Frente a las tesis de la Junta, que ha reabierto la caja de las facturas de todos los suburbanos de la región, solicitando a los diferentes ayuntamientos el abono de las cantidades adeudadas por su funcionamiento y construcción, el Ayuntamiento malagueño arguye, entre otras razones, que no es responsable de los ajustes que han motivado, en buena medida, los costes mencionados.

La determinación municipal de acudir a la vía judicial se produce poco menos de un mes después de que se conociese la decisión de Fomento de rechazar de plano la petición trasladada por el Ejecutivo local de anulación de la millonaria liquidación.

Una posición que choca con el acuerdo adoptado el pasado 24 de enero por la Junta de Gobierno Local de Málaga, que fue trasladado a la Administración andaluza el 4 de febrero. Lo que sí hizo la Junta fue suspender cautelarmente la orden de pago que había sido dictada hasta tanto en cuanto se pronuncien los tribunales.

El modus operandi de la Junta es semejante al seguido con otras corporaciones locales, a las que ha pedido el cumplimiento de las obligaciones económicas que fueron asumidas en el marco de los convenios de los metros andaluces. Entre ellos, el de Sevilla, al que exige 133,7 millones.

Origen del convenio del Metro de Málaga

En el caso del acuerdo de construcción y explotación del Metro de la capital de la Costa del Sol, el pacto data de inicios de 2003. Conforme al mismo, la Junta asumió el abono del 75% de los costes de explotación del ferrocarril urbano, quedando el otro 25% en manos del Ayuntamiento.

La realidad, sin embargo, es que en los ya casi once años que lleva funcionando el suburbano, sólo la Administración regional ha pagado, afrontando la totalidad de los gastos, ascendentes a unos 800 millones, mientras que el Consistorio se ha inhibido por completo.

Transcurrido todo este tiempo, los actuales responsables de Fomento, que aducen la obligación de proceder de este modo, han dado el paso de reclamar a Málaga parte de la suma adeudada. De los 63,4 millones de la liquidación, casi 56 millones se vinculan a la explotación.

El equipo de gobierno del PP entiende "no ajustada a derecho la liquidación efectuada, ya que el montante que pretende liquidar la Junta de Andalucía responde a la cantidad resultante de multiplicar en cada uno de los años de explotación del suburbano la tarifa técnica acordada con el concesionario por el número de viajeros del servicio".

"Esos son los parámetros que ha modificado la Junta en todos estos años, mediante las modificaciones del contrato de concesión en dos ocasiones: 16 de julio de 2014 y 22 de octubre de 2020, ambas sin el menor acuerdo con el Ayuntamiento, fuera del marco del convenio de 2003. En definitiva, la Junta de Andalucía ha tutelado en solitario el convenio original de 2003, y ahora pretende exigir al Ayuntamiento las cantidades que resultan de todos estos años, fruto de las decisiones y modificaciones concesionales exclusivamente achacables a la administración autonómica", sentencia.

Precedentes

No es la primera vez que las dos administraciones públicas se ven las caras en los tribunales por el tema de los dineros del Metro. Años atrás, el Consistorio recibió parcialmente el aval judicial por otra demanda económica del Gobierno andaluz.

La realidad, en cualquier caso, es que el actual esquema del Metro, que se mantiene invariable desde 2003, sí obliga al Ayuntamiento, al menos en la parte de explotación comercial. Esta situación no ha cambiado en todo este tiempo y ello a pesar de que el alcalde, Francisco de la Torre, ha tratado en numerosas ocasiones de renegociar el convenio original, con el fin de establecer unas nuevas condiciones. Y esta sigue siendo la posición municipal, sin que, por el momento, haya sido tenida en cuenta por la Junta.

Hay que partir de la premisa de que poco o nada del Metro actual tiene que ver con el proyecto inicial. Ni el coste de la obra es el mismo (se aproximará a los 900 millones cuando llegue al Civil, frente a los alrededor de 360 iniciales), ni el calendario de desarrollo es el que era (la primera fecha fijada era febrero de 2009), ni el trazado es idéntico (el tramo hasta La Malagueta se acortó hasta la mitad de la Alameda y se extiende hacia la zona norte).

En este punto es clave recordar que la tarifa técnica estimada en el origen del proyecto era de 1,94 euros, frente a los cerca de 4 euros actuales. En este escenario, lo que se llegó a plantear desde el Consistorio es que había que pagar conforme a la tarifa inicial y no a la actual, fruto de ajustes de los que, insisten, no ha participado el Ayuntamiento.